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La Federación Minera de Chile ha comenzado una serie de movilizaciones para exigir al gobierno y el sector privado mayores estándares de seguridad en los yacimientos.
Luego de que 33 mineros quedaran atrapados en un yacimiento de cobre, la indignación de éste y otros sectores de producción no se ha hecho esperar.
fosé Chepillo, director de prevención de riesgos de esa multisindical, que agrupa a 12 mil trabajadores de 23 sindicatos de empresas mineras del país, indicó que "llamaremos a una movilización de
todos los sectores".
El secretario del sindicato de la minera San Esteban, Javier Castillo, afirmó que los abogados de la federación y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) están estudiando las acciones legales que buscan "cerrar de una vez por todas esta maldita mina".
"Ya hemos tenido muchos muertos en esta mina, y la empresa siguió operando. La acción legal va. Eso es seguro".
Lo que buscamos, apuntó es "sentar un precedente para que este tipo de minería no se practique más en Chile".
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A unos días de dejar el cargo, el ahora ex presidente colombiano comienza a ser juzgado por la historia.
Pero su evaluación es polé -mica.
Uribe terminó su mandato con alta popularidad pero con polarización de opiniones. Querido por la pacificación, cuestionado por el abuso. Siempre enarboló un discurso del desprecio pero cosechó muestras de cariño. Promocionó la instituciona-lización social pero golpeó a las instituciones políticas y judiciales. A los pobres los institucionalizó en programas clientelistas, con subsidios a la gente de escasos recursos que pasó con Uribe de 20o mil a 3 millones de afiliados en ocho años, y amplió la inscripción en la seguridad social. A la vez desafió las facultades y autoridades de instituciones nacionales. La Corte, el Congreso, los partidos, todos fueron retados por Uribe.
Promovió la seguridad democrática pero heredó las peores cuentas de violaciones a derechos humanos, mismas que ya son revisadas en organismos internacionales para, en un futuro no muy lejano, pasarle la cuenta al ex Presidente y sus colaboradores cercanos.
Las investigaciones judiciales de los crímenes de paramilitares han revisado 15 mil hechos violentos; dos mil 488 fosas comunes que albergaron más de 3 mil cuerpos, víctimas de la violencia para-militar.
El proceso, por el que se desmovilizaron 30 mil para-militares estuvo lleno de trampas y mentiras. Incluso, el gobierno extraditó súbitamente a casi todos sus jefes.
POR LA FUERZA. Alvaro Uribe fue un político que no creyó en las soluciones políticas sino en las militares, lo que le conectó más con el pueblo.
Dicha extradición secó la memoria de los crímenes. El silencio de los capos sobre la complicidad criminal con políticos fue sellado en las cárceles norteamericanas.
Si se quiere de ejemplo, el legado de Uribe debe analizarse con cuidado. Ciertamente arrinconó a las
FARC, un cincuentenario grupo guerrillero que pasó de ser un ejército de 20 mil hombres a perder dos terceras partes de sus fuerzas, ver disminuido su territorio de control y averiada su red de narcotráfico, básica para su financiamiento.
El presidente Uribe salvó
a Colombia de un abismo de desesperanza. Pero no supo encaminar al país hacia una paz sustentable. Evitó que el Estado colombiano sucumbiera, pero socavó la institu-cionalidad democrática que había sobrevivido todos los embates violentos del último cuarto de siglo.
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